Juez federal aprueba demanda colectiva y ordena a la administración Trump dejar de negar fondos de ayuda para la pandemia a personas encarceladas
OAKLAND, California, 29 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 24 de septiembre de 2020, el Juez Phyllis J. Hamilton del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California emitió una orden mediante la cual aprueba una demanda colectiva en favor de las personas recluidas en prisiones estatales y federales, conjuntamente con la solicitud de los demandantes de una medida cautelar por la que se exige al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) y a los Estados Unidos de América dejar de retener fondos de estímulo de la Ley CARES, a los demandantes o cualquier miembro de la demanda, bajo la única base de su estado de encarcelamiento.
Un informe del inspector general del Departamento del Tesoro confirma que hacia principios de mayo de 2020, el IRS había determinado que al menos 80.000 personas encarceladas tenían derecho a recibir pagos por más de USD 100 millones. Por ende, la orden del juez hará posible que se entreguen más de USD 100 millones a los miembros de la demanda que requieren asistencia inmediata.
El Congreso aprobó la Ley CARES para proveer asistencia económica urgente durante la crisis derivada de la pandemia por la COVID-19. Las personas encarceladas, y sus familias en libertad, se encuentran entre las de mayor desventaja económica en el país. De acuerdo a un estudio, las personas que están encarceladas tenían un ingreso promedio de tan solo USD 19.185 antes de ser recluidas, en comparación con USD 41.250 de ingreso promedio para personas no encarceladas. Las familias de bajos ingresos presentan unas probabilidades desproporcionadamente mayores de tener un familiar tras las rejas. La misma realidad se observa en familias negras, latinas y nativoamericanas.
Sin embargo, el Tesoro se ha rehusado a emitir pagos de estímulo ya autorizados por el Congreso a personas encarceladas que reúnen los requisitos para recibirlos, con lo cual se agudizan aun más las desventajas económicas que enfrentan estas personas y sus familias.
En la demanda se alega que más de 1,4 millones de personas encarceladas se han visto afectadas por las acciones de las partes acusadas. Muchas de estas personas dependen de la asistencia financiera de familiares y amigos que se encuentran en libertad, que de por sí ya están sufriendo debido a la actual crisis económica.
Los demandantes son Colin Scholl y Lisa Strawn. El equipo de abogados de Lieff Cabraser que los representa a ellos y a los miembros de la demanda colectiva son Kelly M. Dermody, Yaman Salahi y Jalle H. Dafa, a quienes se unieron Eva Jefferson Paterson, Mona Tawatao, Lisa Holder y Christina Alvernaz de Equal Justice Society. Kelly Dermody y Eva Paterson han sido designados como abogados adjuntos de la demanda.
Los acusados son Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Charles Rettig, comisionado de Impuestos Internos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y los Estados Unidos de América.
Para obtener mayor información, visite lieffcabraser.com/cares-act-relief.
El caso es Colin Scholl, et al., v. Steven Mnuchin, et al. El número de caso es el is 20-cv-05309-PJH.
FUENTE Equal Justice Society
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SOURCE Equal Justice Society
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